Noticia extraida del eladelanto.com·
"La senadora socialista por Salamanca Elena Diego calificó hoy de “persecución política y personal muy grave” el caso por el que hoy, en su condición de aforada, ha tenido que declarar ante el Tribunal Supremo.
Los hechos se remontan al año 2008 cuando, según explicó Diego, se produjo un error administrativo, que nunca ha negado, en la contratación de una monitora de tiempo libre en la localidad charra de Villamayor, de la que era alcaldesa.
Los hechos se remontan al año 2008 cuando, según explicó Diego, se produjo un error administrativo, que nunca ha negado, en la contratación de una monitora de tiempo libre en la localidad charra de Villamayor, de la que era alcaldesa.
Diego explicó en declaraciones a la agencia Ical que aportó pruebas ante el juez de que nunca participó en los procesos de selección o contratación de la trabajadora sino que se limitó a firmar la documentación que previamente, como dicta el protocolo, debería haber sido revisada por el interventor y el secretario del Ayuntamiento. Posteriormente, y tras apreciarse una irregularidad en el proceso “en el que no participa la alcaldesa”, debido a que, al parecer y según palabras de Diego, no se había efectuado correctamente la revisión del contrato, se presentó un reparo al procedimiento que también fue rubricado por la alcaldesa dos meses más tarde. Para la senadora salmantina resulta significativo que durante los años 2008 y 2009 no se produjera ninguna reclamación sobre el asunto hasta que en 2010 la Plataforma en Defensa de Villamayor interpusiera una denuncia sobre el caso. A juicio de la ex-alcaldesa, que solicitó por propia voluntad comparecer ante el Tribunal Supremo, el proceso “se ha dilatado demasiado tiempo”, de ahí que hoy se mostrara “satisfecha por haber podido ofrecer explicaciones y aclarar muchas cosas”.
Diego precisó que, tras dejar pasar unos días por si el juez decide llamar a declarar a alguna persona más, solicitará el sobreseimiento de la causa al considerar que no realizó nada ilegal pues se trata de algo ilícito “en lo administrativo pero no en lo penal”.